El veto del presidente de la República a la adopción de niños por parejas del mismo sexo ha reavivado en Portugal el debate sobre la familia y la infancia. Aníbal Cavaco Silva se negó este lunes a ratificar la ley aprobada el pasado 18 de diciembre por el Parlamento, que reconoce el derecho a adoptar niños a los “matrimonios” homosexuales. En una de sus últimas decisiones antes de traspasar la Presidencia el próximo 9 de marzo a Marcelo Rebelo de Sousa –ganador de las elecciones del pasado domingo–, Aníbal Cavaco, de 75 años, ha ejercido una facultad de veto que la Constitución de 1976 reconoce, y que solo en contadas ocasiones ha sido invocada desde la Jefatura del Estado.
La crianza de niños por matrimonios de dos hombres o dos mujeres es una prioridad para el primer ministro, el socialista Antonio Costa. Su Gobierno depende del voto de la ultra izquierda en el Parlamento, con la que coincide, sobre todo, en la ruta para desplegar la ideología de género en las normas que regulan la familia, la educación o la libertad de expresión. La coalición portuguesa sirve de modelo al candidato socialista español Pedro Sánchez, que viajó a Lisboa para conocer de primera mano cómo se fraguó.
Cavaco ha explicado que “es importante que un cambio tan grande sobre una cuestión tan sensible no se imponga sin un amplio debate público”. También invitó al primer ministro Costa a anteponer “el interés del niño a la igualdad” entre parejas heterosexuales y homosexuales.
El llamado “matrimonio homosexual” está reconocido en Portugal desde 2010. Fue una ley ratificada por el propio Cavaco Silva, que siguió el caso, pionero en Europa, de la ley española de 2005; aunque, a diferencia de esta, la norma portuguesa no reconoce el derecho a la adopción de niños. El veto a este experimento con la infancia muestra que, incluso entre políticos partidarios de que las leyes redefinan el matrimonio, hay dudas sobre el impacto a largo plazo que ese cambio puede tener en los niños.
La necesidad de un padre y de una madre no es una una inducción cultural, sino parte de la naturaleza humana. No se trata solo de “dar amor”, como pregonan los ideólogos del experimento; tampoco se trata del deseo de los adultos, ni siquiera, de su derecho a la igualdad. Se trata de que un padre y una madre son insustituibles para un niño y, en todo caso, se trata de que los niños no son la materia prima de ninguna ingeniería de los derechos.
El veto del presidente Cavaco es relevante, además, porque sugiere un debate sobre el papel del jefe del Estado ante las leyes que está llamado a promulgar. En España, la Constitución impide al Rey tener criterio sobre las normas que le envía el Parlamento. Por este motivo, Don Juan Carlos no podría haber hecho otra cosa –aunque hubiese querido– que firmar la ley del aborto. En la mayoría de los sistemas republicanos, el presidente tiene la facultad de vetar leyes. En Estados Unidos, el presidente Obama acaba de ejercerla para evitar la cancelación de los fondos federales para Planned Parenthood, que es lo que aprobó el Congreso. El veto presidencial se concibe en los regímenes republicanos como un mecanismo excepcional de moderación frente a posibles excesos de los poderes legislativo y ejecutivo. Ahora que se habla de reformar la Constitución española, quizá sería la ocasión de reforzar las facultades moderadoras del Rey frente a leyes que cambian instituciones sociales espontáneas o dividen a la sociedad. ¿Tú qué opinas? – V. Gago
[Con información de The Portugal News Online, en inglés; Actuall, y Agenda Europe, en inglés]
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