Consideraciones sobre reconocimiento legal de las uniones homosexuales.

Fernando Hurtado, sacerdote

Desde hace unos días, los media se está haciendo eco de unas palabras del Papa Francisco, que hablan de "una protección legal para parejas homosexuales", equiparándolas a un "apoyo" a la unión homosexual en sí misma. No es una cuestión de términos, sino conceptual. La expresión del Papa no tiene semejanza con lo que propagan algunos medios: esas afirmaciones periodísticas supondrían una descalificación de la doctrina de la Iglesia de 20 siglos, incluido el Nuevo Testamento. Y esto jamás puede suceder.

Por eso, aunque parezca largo, hoy fiesta de San Juan Pablo II, incluyo en mi blog el  texto de unas "Consideraciones" sobre este tema, elaboradas por el entonces Cardenal Ratzinger, hoy Benedicto XVI, y aprobadas por el Papa Santo Juan Pablo.

CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRINA DE LA FE

CONSIDERACIONES
ACERCA DE LOS PROYECTOS
DE RECONOCIMIENTO LEGAL
DE LAS UNIONES
ENTRE PERSONAS HOMOSEXUALES

 

INTRODUCCIÓN

1. Recientemente, el Santo Padre Juan Pablo II y los Dicasterios competentes de la Santa Sede (1) han tratado en distintas ocasiones cuestiones concernientes a la homosexualidad. Se trata, en efecto, de un fenómeno moral y social inquietante, incluso en aquellos Países donde no es relevante desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Pero se hace más preocupante en los Países en los que ya se ha concedido o se tiene la intención de conceder reconocimiento legal a las uniones homosexuales, que, en algunos casos, incluye también la habilitación para la adopción de hijos. Las presentes Consideraciones no contienen nuevos elementos doctrinales, sino que pretenden recordar los puntos esenciales inherentes al problema y presentar algunas argumentaciones de carácter racional, útiles para la elaboración de pronunciamientos más específicos por parte de los Obispos, según las situaciones particulares en las diferentes regiones del mundo, para proteger y promover la dignidad del matrimonio, fundamento de la familia, y la solidez de la sociedad, de la cual esta institución es parte constitutiva. Las presentes Consideraciones tienen también como fin iluminar la actividad de los políticos católicos, a quienes se indican las líneas de conducta coherentes con la conciencia cristiana para cuando se encuentren ante proyectos de ley concernientes a este problema.(2) Puesto que es una materia que atañe a la ley moral natural, las siguientes Consideraciones se proponen no solamente a los creyentes sino también a todas las personas comprometidas en la promoción y la defensa del bien común de la sociedad.

 

I. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS
IRRENUNCIABLES DEL MATRIMONIO

2. La enseñanza de la Iglesia sobre el matrimonio y la complementariedad de los sexos repropone una verdad puesta en evidencia por la recta razón y reconocida como tal por todas las grandes culturas del mundo. El matrimonio no es una unión cualquiera entre personas humanas. Ha sido fundado por el Creador, que lo ha dotado de una naturaleza propia, propiedades esenciales y finalidades.(3) Ninguna ideología puede cancelar del espíritu humano la certeza de que el matrimonio en realidad existe únicamente entre dos personas de sexo opuesto, que por medio de la recíproca donación personal, propia y exclusiva de ellos, tienden a la comunión de sus personas. Así se perfeccionan mutuamente para colaborar con Dios en la generación y educación de nuevas vidas.

3. La verdad natural sobre el matrimonio ha sido confirmada por la Revelación contenida en las narraciones bíblicas de la creación, expresión también de la sabiduría humana originaria, en la que se deja escuchar la voz de la naturaleza misma. Según el libro del Génesis, tres son los datos fundamentales del designo del Creador sobre el matrimonio.

En primer lugar, el hombre, imagen de Dios, ha sido creado «  varón y hembra  » (Gn 1, 27). El hombre y la mujer son iguales en cuanto personas y complementarios en cuanto varón y hembra. Por un lado, la sexualidad forma parte de la esfera biológica y, por el otro, ha sido elevada en la criatura humana a un nuevo nivel, personal, donde se unen cuerpo y espíritu.

El matrimonio, además, ha sido instituido por el Creador como una forma de vida en la que se realiza aquella comunión de personas que implica el ejercicio de la facultad sexual. «  Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne  » (Gn 2, 24).

En fin, Dios ha querido donar a la unión del hombre y la mujer una participación especial en su obra creadora. Por eso ha bendecido al hombre y la mujer con las palabras: «  Sed fecundos y multiplicaos  » (Gn 1, 28). En el designio del Creador complementariedad de los sexos y fecundidad pertenecen, por lo tanto, a la naturaleza misma de la institución del matrimonio.

Además, la unión matrimonial entre el hombre y la mujer ha sido elevada por Cristo a la dignidad de sacramento. La Iglesia enseña que el matrimonio cristiano es signo eficaz de la alianza entre Cristo y la Iglesia (cf. Ef 5, 32). Este significado cristiano del matrimonio, lejos de disminuir el valor profundamente humano de la unión matrimonial entre el hombre la mujer, lo confirma y refuerza (cf. Mt 19, 3-12; Mc 10, 6-9).

4. No existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. El matrimonio es santo, mientras que las relaciones homosexuales contrastan con la ley moral natural. Los actos homosexuales, en efecto, «  cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso  ».(4)

En la Sagrada Escritura las relaciones homosexuales «  están condenadas como graves depravaciones... (cf. Rm 1, 24-27; 1 Cor 6, 10; 1 Tim 1, 10). Este juicio de la Escritura no permite concluir que todos los que padecen esta anomalía sean personalmente responsables de ella; pero atestigua que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados  ».(5) El mismo juicio moral se encuentra en muchos escritores eclesiásticos de los primeros siglos,(6) y ha sido unánimemente aceptado por la Tradición católica.

Sin embargo, según la enseñanza de la Iglesia, los hombres y mujeres con tendencias homosexuales «  deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta  ».(7) Tales personas están llamadas, como los demás cristianos, a vivir la castidad.(8) Pero la inclinación homosexual es «  objetivamente desordenada  »,(9) y las prácticas homosexuales «  son pecados gravemente contrarios a la castidad  ».(10)

 

II. ACTITUDES ANTE EL PROBLEMA
DE LAS UNIONES HOMOSEXUALES

5. Con respecto al fenómeno actual de las uniones homosexuales, las autoridades civiles asumen actitudes diferentes: A veces se limitan a la tolerancia del fenómeno; en otras ocasiones promueven el reconocimiento legal de tales uniones, con el pretexto de evitar, en relación a algunos derechos, la discriminación de quien convive con una persona del mismo sexo; en algunos casos favorecen incluso la equivalencia legal de las uniones homosexuales al matrimonio propiamente dicho, sin excluir el reconocimiento de la capacidad jurídica a la adopción de hijos.

Allí donde el Estado asume una actitud de tolerancia de hecho, sin implicar la existencia de una ley que explícitamente conceda un reconocimiento legal a tales formas de vida, es necesario discernir correctamente los diversos aspectos del problema. La conciencia moral exige ser testigo, en toda ocasión, de la verdad moral integral, a la cual se oponen tanto la aprobación de las relaciones homosexuales como la injusta discriminación de las personas homosexuales. Por eso, es útil hacer intervenciones discretas y prudentes, cuyo contenido podría ser, por ejemplo, el siguiente: Desenmascarar el uso instrumental o ideológico que se puede hacer de esa tolerancia; afirmar claramente el carácter inmoral de este tipo de uniones; recordar al Estado la necesidad de contener el fenómeno dentro de límites que no pongan en peligro el tejido de la moralidad pública y, sobre todo, que no expongan a las nuevas generaciones a una concepción errónea de la sexualidad y del matrimonio, que las dejaría indefensas y contribuiría, además, a la difusión del fenómeno mismo. A quienes, a partir de esta tolerancia, quieren proceder a la legitimación de derechos específicos para las personas homosexuales conviventes, es necesario recordar que la tolerancia del mal es muy diferente a su aprobación o legalización.

Ante el reconocimiento legal de las uniones homosexuales, o la equiparación legal de éstas al matrimonio con acceso a los derechos propios del mismo, es necesario oponerse en forma clara e incisiva. Hay que abstenerse de cualquier tipo de cooperación formal a la promulgación o aplicación de leyes tan gravemente injustas, y asimismo, en cuanto sea posible, de la cooperación material en el plano aplicativo. En esta materia cada cual puede reivindicar el derecho a la objeción de conciencia.

 

III. ARGUMENTACIONES RACIONALES
CONTRA EL RECONOCIMIENTO LEGAL
DE LAS UNIONES HOMOSEXUALES

6. La comprensión de los motivos que inspiran la necesidad de oponerse a las instancias que buscan la legalización de las uniones homosexuales requiere algunas consideraciones éticas específicas, que son de diferentes órdenes.

De orden racional

La función de la ley civil es ciertamente más limitada que la de la ley moral,(11) pero aquélla no puede entrar en contradicción con la recta razón sin perder la fuerza de obligar en conciencia.(12) Toda ley propuesta por los hombres tiene razón de ley en cuanto es conforme con la ley moral natural, reconocida por la recta razón, y respeta los derechos inalienables de cada persona.(13) Las legislaciones favorables a las uniones homosexuales son contrarias a la recta razón porque confieren garantías jurídicas análogas a las de la institución matrimonial a la unión entre personas del mismo sexo. Considerando los valores en juego, el Estado no puede legalizar estas uniones sin faltar al deber de promover y tutelar una institución esencial para el bien común como es el matrimonio.

Se podría preguntar cómo puede contrariar al bien común una ley que no impone ningún comportamiento en particular, sino que se limita a hacer legal una realidad de hecho que no implica, aparentemente, una injusticia hacia nadie. En este sentido es necesario reflexionar ante todo sobre la diferencia entre comportamiento homosexual como fenómeno privado y el mismo como comportamiento público, legalmente previsto, aprobado y convertido en una de las instituciones del ordenamiento jurídico. El segundo fenómeno no sólo es más grave sino también de alcance más vasto y profundo, pues podría comportar modificaciones contrarias al bien común de toda la organización social. Las leyes civiles son principios estructurantes de la vida del hombre en sociedad, para bien o para mal. Ellas «  desempeñan un papel muy importante y a veces determinante en la promoción de una mentalidad y de unas costumbres  ».(14) Las formas de vida y los modelos en ellas expresados no solamente configuran externamente la vida social, sino que tienden a modificar en las nuevas generaciones la comprensión y la valoración de los comportamientos. La legalización de las uniones homosexuales estaría destinada por lo tanto a causar el obscurecimiento de la percepción de algunos valores morales fundamentales y la desvalorización de la institución matrimonial.

De orden biológico y antropológico

7. En las uniones homosexuales están completamente ausentes los elementos biológicos y antropológicos del matrimonio y de la familia que podrían fundar razonablemente el reconocimiento legal de tales uniones. Éstas no están en condiciones de asegurar adecuadamente la procreación y la supervivencia de la especie humana. El recurrir eventualmente a los medios puestos a disposición por los recientes descubrimientos en el campo de la fecundación artificial, además de implicar graves faltas de respeto a la dignidad humana,(15) no cambiaría en absoluto su carácter inadecuado.

En las uniones homosexuales está además completamente ausente la dimensión conyugal, que representa la forma humana y ordenada de las relaciones sexuales. Éstas, en efecto, son humanas cuando y en cuanto expresan y promueven la ayuda mutua de los sexos en el matrimonio y quedan abiertas a la transmisión de la vida.

Como demuestra la experiencia, la ausencia de la bipolaridad sexual crea obstáculos al desarrollo normal de los niños eventualmente integrados en estas uniones. A éstos les falta la experiencia de la maternidad o de la paternidad. La integración de niños en las uniones homosexuales a través de la adopción significa someterlos de hecho a violencias de distintos órdenes, aprovechándose de la débil condición de los pequeños, para introducirlos en ambientes que no favorecen su pleno desarrollo humano. Ciertamente tal práctica sería gravemente inmoral y se pondría en abierta contradicción con el principio, reconocido también por la Convención Internacional de la ONU sobre los Derechos del Niño, según el cual el interés superior que en todo caso hay que proteger es el del infante, la parte más débil e indefensa.

De orden social

8. La sociedad debe su supervivencia a la familia fundada sobre el matrimonio. La consecuencia inevitable del reconocimiento legal de las uniones homosexuales es la redefinición del matrimonio, que se convierte en una institución que, en su esencia legalmente reconocida, pierde la referencia esencial a los factores ligados a la heterosexualidad, tales como la tarea procreativa y educativa. Si desde el punto de vista legal, el casamiento entre dos personas de sexo diferente fuese sólo considerado como uno de los matrimonios posibles, el concepto de matrimonio sufriría un cambio radical, con grave detrimento del bien común. Poniendo la unión homosexual en un plano jurídico análogo al del matrimonio o la familia, el Estado actúa arbitrariamente y entra en contradicción con sus propios deberes.

Para sostener la legalización de las uniones homosexuales no puede invocarse el principio del respeto y la no discriminación de las personas. Distinguir entre personas o negarle a alguien un reconocimiento legal o un servicio social es efectivamente inaceptable sólo si se opone a la justicia.(16) No atribuir el estatus social y jurídico de matrimonio a formas de vida que no son ni pueden ser matrimoniales no se opone a la justicia, sino que, por el contrario, es requerido por ésta.

Tampoco el principio de la justa autonomía personal puede ser razonablemente invocado. Una cosa es que cada ciudadano pueda desarrollar libremente actividades de su interés y que tales actividades entren genéricamente en los derechos civiles comunes de libertad, y otra muy diferente es que actividades que no representan una contribución significativa o positiva para el desarrollo de la persona y de la sociedad puedan recibir del estado un reconocimiento legal específico y cualificado. Las uniones homosexuales no cumplen ni siquiera en sentido analógico remoto las tareas por las cuales el matrimonio y la familia merecen un reconocimiento específico y cualificado. Por el contrario, hay suficientes razones para afirmar que tales uniones son nocivas para el recto desarrollo de la sociedad humana, sobre todo si aumentase su incidencia efectiva en el tejido social.

De orden jurídico

9. Dado que las parejas matrimoniales cumplen el papel de garantizar el orden de la procreación y son por lo tanto de eminente interés público, el derecho civil les confiere un reconocimiento institucional. Las uniones homosexuales, por el contrario, no exigen una específica atención por parte del ordenamiento jurídico, porque no cumplen dicho papel para el bien común.

Es falso el argumento según el cual la legalización de las uniones homosexuales sería necesaria para evitar que los convivientes, por el simple hecho de su convivencia homosexual, pierdan el efectivo reconocimiento de los derechos comunes que tienen en cuanto personas y ciudadanos. En realidad, como todos los ciudadanos, también ellos, gracias a su autonomía privada, pueden siempre recurrir al derecho común para obtener la tutela de situaciones jurídicas de interés recíproco. Por el contrario, constituye una grave injusticia sacrificar el bien común y el derecho de la familia con el fin de obtener bienes que pueden y deben ser garantizados por vías que no dañen a la generalidad del cuerpo social.(17)

 

IV. COMPORTAMIENTO
DE LOS POLÍTICOS CATÓLICOS
ANTE LEGISLACIONES FAVORABLES
A LAS UNIONES HOMOSEXUALES

10. Si todos los fieles están obligados a oponerse al reconocimiento legal de las uniones homosexuales, los políticos católicos lo están en modo especial, según la responsabilidad que les es propia. Ante proyectos de ley a favor de las uniones homosexuales se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones éticas.

En el caso de que en una Asamblea legislativa se proponga por primera vez un proyecto de ley a favor de la legalización de las uniones homosexuales, el parlamentario católico tiene el deber moral de expresar clara y públicamente su desacuerdo y votar contra el proyecto de ley. Conceder el sufragio del propio voto a un texto legislativo tan nocivo del bien común de la sociedad es un acto gravemente inmoral.

En caso de que el parlamentario católico se encuentre en presencia de una ley ya en vigor favorable a las uniones homosexuales, debe oponerse a ella por los medios que le sean posibles, dejando pública constancia de su desacuerdo; se trata de cumplir con el deber de dar testimonio de la verdad. Si no fuese posible abrogar completamente una ley de este tipo, el parlamentario católico, recordando las indicaciones dadas en la Encíclica Evangelium Vitæ, «  puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura y de la moralidad pública  », con la condición de que sea «  clara y notoria a todos  » su «  personal absoluta oposición  » a leyes semejantes y se haya evitado el peligro de escándalo.(18) Eso no significa que en esta materia una ley más restrictiva pueda ser considerada como una ley justa o siquiera aceptable; se trata de una tentativa legítima, impulsada por el deber moral, de abrogar al menos parcialmente una ley injusta cuando la abrogación total no es por el momento posible.

 

CONCLUSIÓN

11. La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.

El Sumo Pontífice Juan Pablo II, en la audiencia concedida al Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 28 de marzo de 2003, ha aprobado las presentes Consideraciones, decididas en la Sesión Ordinaria de la misma, y ha ordenado su publicación. 

Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 3 de junio de 2003, memoria de San Carlos Lwanga y Compañeros, mártires.

Joseph Card. Ratzinger
Prefecto

Angelo Amato, S.D.B.
Arzobispo titular de Sila
Secretario 

Dr. Arnaiz Villena: La epidemia del miedo al coronavirus o el fin de la medicina científica

Con la claridad que le caracteriza, el profesor Antonio Arnaiz Villena, catedrático de Inmunología, denuncia en este artículo la cascada de noticias sobre número de muertos, de contagios por el SARS-CoV-2, que da lugar a la enfermedad COVID-19. “Muchas veces -como subraya el autor- sin base científica alguna”. Termina con una serie de recomendaciones para políticos, periodistas e investigadores

Desde el punto de vista de un veterano medico y científico y me inquieta el silencio que está guardando la medicina clínica científica ante el miedo generado por las poco explicadas y alarmantes noticias que este verano de 2020 nos bombardean continuamente y sobre la enfermedad COVID-19 misma.

Los médicos del Primer Mundo hemos aprendido al abordaje de la cura de enfermedades y enfermos en Sesiones Clínicas hospitalarias: para quien no lo sepa, en ellas se reúnen médicos, enfermeros y biomédicos de diferentes especialidades y se estudia la historia clínica del paciente. Cada uno expone sus conclusiones, dispares, sobre el diagnóstico del enfermo y su tratamiento y, barajando los conocimientos científicos sólidos que existen, se llega a un diagnóstico del paciente y a un tratamiento. La información que se da al paciente, a sus familiares y a los medios, cuando procede, se basa pues en sólidas conclusiones científico-médicas.

Además, teniendo en cuenta el juramento hipocrático de ética médica, aquilatando las previsiones de la evolución de la enfermedad, sin afirmar nunca plazos y muerte, para no crear más alarma y más sufrimiento al paciente y a su entorno.

Pues bien, estos procedimientos en el caso del coronavirus han sido sustituidos por un aluvión de noticias ofrecidas por todos los medios sin excepción escalofriantes sobre número de muertos, número de contagios y previsiones, muchas veces sin base científica alguna. La epidemia del coronavirus puede activarse o no, y los medios de lucha son preparar a la Sanidad de los estados, fortaleciéndola y no aterrorizar a la población, con una híper información que no vale para nada a la gente excepto para crear una epidemia de miedo y terror, a los que nadie da soluciones, ni explicaciones sensatas y científicas, sino que provocan que se tomen medidas de restricción, confinamiento y mascarillas aún más alarmantes.

Los médicos se han inhibido, quizá por motivos de desconcierto aún o de miedo a otros estamentos sociales.

Los administradores de las autonomías o estatales en España, cada uno con un criterio diferente (ausencia de ciencia médica universal) están tomando, pues, este verano de 2020 la iniciativa de medidas coercitivas que están generando pánico en la ciudadanía, con el contrapeso de los jueces, que hacen lo que pueden, supongo, con el criterio también dispar de los forenses adscritos a sus juzgados y de los informes médicos que reciban. No existe una discusión médica científica universal que sirva para guiar a administradores, a jueces y a ciudadanía a entender lo que pasa, y neutralizar el miedo instalado en la sociedad.

El miedo y el estrés psicológico deprime el sistema inmunitario, disminuyendo las defensas anti-microbianas, aparte de poder causar depresión y otras alteraciones psicológicas. Además, se han destruido entramados económico sociales muy importantes, relacionados con el turismo y los servicios o no. 

Se ha alterado de forma radical la enseñanza a todos los niveles. La misma Sanidad ha quedado muy dañada al volcarse en atender al coronavirus y retrasando listas de espera de operaciones y pruebas diagnósticas de imperiosa urgencia: será necesario conocer si el número de muertes producido por esta desatención es significativo: deben de intervenir profesionales médicos, incluyendo toda la enfermería y el personal de apoyo hospitalario y de primaria.

Las corporaciones o agrupaciones de medicina y enfermería deben ayudar a suprimir el miedo e instaurar el sentido común médico-científico. Se deben contestar, después de las discusiones pertinentes:

• Si un individuo sano que tenga una pequeña parte de la secuencia del virus (o PCR positivo) es o no contagioso y si se debe aislar o no. Hay que decidir si una PCR positiva no es un contagio, sin que haya síntomas ni en el positivo, ni esté identificado un hipotético individuo que le contagiara la PCR positiva. Además, este virus esta relacionado con otros similares existentes hace tiempo y ha podido estar entre nosotros antes de 2020; asimismo, se están haciendo pruebas masivas a población sana, que no tiene síntomas. Este es uno de los temas que más miedo está creando y debe darse una respuesta científico-médica.
• Cada tratamiento o medida sobre los componentes sanos de la población que se tome ha de ser sobre estrictas bases científicas. En algunos países de nuestro entorno se utilizan solo mascarillas en espacios cerrados: no se sigue tampoco un criterio médico-científico en este caso.
• ¿Se ha acabado la epidemia del coronavirus en nuestro país? Según las curvas de matemáticos y epidemiólogos, se acabó en mayo en Madrid. Las UCI de grandes hospitales de Madrid tienen en julio de 2020 muy pocos individuos ingresados atribuibles solo a patología COVID-19.

Tengamos en cuenta que ahora comienza el segundo pico de muertes anual: el del calor, en contraposición al del invierno. Muchos enfermos crónicos muy ancianos y/o débiles fallecen también en esta época. Algunos de ellos serán PCR positivos, ya que se hacen pruebas a todos los que entran en hospitales.

Hay que estandarizar los métodos de contaje de muertes atribuibles solo a COVID-19.

En conclusión, es responsabilidad ética y profesional de los estamentos médicos científico-clínicos no dejar solos a periodistas, economistas, biólogos moleculares, epidemiólogos-matemáticos, políticos y administradores y jueces en una época tan importante, en la que hay que acabar con la epidemia del miedo y ayudar a tomar decisiones sobre la sociedad principalmente basadas en criterios científico-médicos, que restaure el entramado social anteriormente existente cuanto antes.

Eutanasia: el Estado juega a ser Dios

Ni matar ni morir constituyen un derecho subjetivo de nadie, menos aún en una sociedad avanzada y asistencial como la nuestra, capaz de ofrecer alternativas médicas y sociales a situaciones límite.

Las enmiendas a la ley de Eutanasia que se tramitan en las Cortes suponen la constatación de que el Gobierno de Sánchez ha decidido apostar por la «cultura de la muerte» una vez que tanto PSOE como Podemos proponen que no sea necesario que el paciente tenga una enfermedad incurable para acabar con su vida: basta con que se trate de «un padecimiento grave o crónico». 

Además, quieren incluir una especie de «procedimiento exprés» según el cual si el médico considera «inminente la pérdida de capacidad del paciente para dar su consentimiento» se agilizan los trámites para que la cosa no tenga vuelta de hoja cuanto antes.

 Ambas enmiendas son una aberración. Ni matar ni morir constituyen un derecho subjetivo de nadie, menos aún en una sociedad avanzada y asistencial como la nuestra, capaz de ofrecer alternativas médicas y sociales a situaciones límite. Pero no, en este asunto la izquierda mantiene su inextinguible querencia a que procurar la muerte, o no dejar vivir en el caso del aborto, sean manifestaciones del «progreso social», cuando en realidad no hacen sino banalizar el significado ético de la vida humana para la sociedad, que trasciende a la persona y es también fuente de valores -solidaridad, dignidad, igualdad- que quedan velados por la eutanasia. 

Más o menos así opina el Comité de Bioética (que rechazó por unanimidad el proyecto, incluso antes de estas enmiendas radicales), las sociedades médicas (que se niegan a que alguien que dedica su vida a curar sea convertido en verdugo) y eminentes juristas (que no entiende la eutanasia como un derecho). Sí reclaman, en cambio, un sistema nacional de cuidados paliativos eficiente que dé respuesta a los padecimientos que angustian a pacientes y familias. Pero eso cuesta dinero. Sánchez prefiere poner al Estado, a través de un funcionario, a determinar quién vive y quién no, jugando a ser Dios.