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miércoles, 5 de octubre de 2016

LOS EFECTOS DE LA LEY LGBT DE MADRID


La libertad pertenece a las familias, no al Gobierno
La investigación abierta por el Gobierno de Madrid a un colegio católico cuyo director criticó la nueva ley LGBT abre la puerta a una interesante discusión sobre la titularidad de la libertad de educación. ¿De quién es, a quién pertenece este derecho fundamental? ¿Qué consecuencias prácticas tiene el hecho de que sea un gobierno, y no sus legítimos titulares, quien lo administre? Quizá es hora de hablar en serio del artículo 27 de la Constitución. 
La madre de una alumna del colegio Juan Pablo II, de Alcorcón, inició una recogida de firmas en HazteOir.org, para pedir al Gobierno regional que no retire el concierto con el centro escolar. Sin esa ayuda financiera al colegio, su hija no podría seguir recibiendo la educación en los valores cristianos que la familia ha elegido transmitirle. [Actuall]
Después de todo, ¿no es eso lo que dice el artículo 27.3 de la Constitución? “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 
La petición de esta madre ha recibido cerca de 35.000 firmas en menos de un día. Tal vez desconcertada por la oposición a la ley LGBT, que empieza a extenderse, la presidenta Cristina Cifuentes levantó este martes un cortafuegos en Twitter, la vía favorita de muchos políticos para huir del debate razonado. 
En un intercambio público de mensajes con el periodista de Actuall Antonio Velázquez, la presidenta Cifuentes confirmó que el Gobierno está inspeccionando al colegio, expuesto a la pérdida de los fondos públicos tras ser señalado en los medios por un grupo de presión LGBT. [Actuall]
De esto, precisamente, trata la ley Cifuentes. Esta es su esencia: delatar, inspeccionar, sancionar a quien no piensa como el Gobierno dicta que hay que pensar en materia de sexualidad humana –o de lo que el Gobierno decida en cada momento. 
La cuestión es si los políticos que dicen cómo hay que pensar pueden ser los mismos que administren la libertad de educación del artículo 27 en nombre de los padres, mediante la asignación más o menos discrecional de unos fondos públicos a los colegios. 
El prefecto de la Congregación para la Educación Católica, el cardenal Giuseppe Versaldi, dijo este martes en Madrid que leyes como la madrileña “infringen la función del Estado, que no es otra que la de ayudar a las familias a que eduquen según sus convicciones, porque las familias son los únicos titulares de los derechos de educación de los hijos”. [Actuall]
Mientras los gobiernos conserven el poder de los conciertos educativos, esa titularidad del derecho de la que habla el cardenal Versaldi no será real. Ese es el núcleo del problema de las leyes que utilizan la escuela como un túnel de lavado cerebral. Hay que seguir la pista del dinero. Solo familias dueñas de su dinero serán de verdad dueñas de la libertad y la responsabilidad de educar a sus hijos.
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