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viernes, 23 de diciembre de 2016

Proteger la libertad frente a las coacciones de la ideología de género

Ante el creciente número de demandas contra personas e instituciones a las que se acusa de “discriminación” por negarse a difundir la visión de la sexualidad defendida por los colectivos LGTB, más de 75 intelectuales y representantes religiosos de Estados Unidos han presentado una declaración en la que piden a las autoridades que protejan la libertad de cada cual a vivir en paz de acuerdo con las propias convicciones. (Aceprensa, 12.2016)
Desde el mismo título de la declaración, “Preserve Freedom, Reject Coercion”, los firmantes dejan claro qué es lo que defienden y contra qué protestan. Quieren proteger la libertad de cada persona a “expresarse y vivir según sus creencias religiosas, filosóficas y políticas”, frente al poder coercitivo del Estado, que aprovecha su posición de fuerza para desequilibrar el tablero donde compiten las ideas, y frente a la censura impuesta por otros ciudadanos.
La existencia de este derecho a vivir en paz de acuerdo con las propias convicciones no plantea demasiados problemas en las sociedades democráticas. En general, se acepta pacíficamente que nadie puede imponer a otros su modo de ver la vida. Pero esta lógica salta por los aires en el terreno de la sexualidad y el matrimonio, donde parece que sí es tolerable exigir que todo el mundo piense igual.
Los firmantes de la declaración tienen su propia visión de la sexualidad y el matrimonio, como cualquier ciudadano. Afirman que “las personas son creadas hombre o mujer; que esta complementariedad es la base de la familia fundada en la unión conyugal entre un hombre y una mujer, y que la familia es la fuente de la prosperidad humana”. Y también como el resto de ciudadanos, las personas que piensan así aspiran a manifestar y vivir estas ideas tranquilamente; es decir, “sin miedo a que alguien les demande o a que el gobierno les censure”.
El problema es que vivir así cada vez es más difícil en EE.UU., por culpa de las llamadas “Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI) laws”, como se conocen allí las normas que, en nombre de la no discriminación, intentan privilegiar e imponer a todo el mundo la visión de la sexualidad defendida por los colectivos LGTB. “En los últimos años, hemos visto cómo el gobierno recurre a estas leyes para intentar obligar a los ciudadanos a sacrificar sus convicciones más profundas (…); ciudadanos dispuestos a servir a cualquiera, con independencia de [lo que afirmen] sobre su orientación sexual o su identidad de género, pero que no pueden difundir sus puntos de vista, manifestarse o defenderse de las críticas a sus creencias o a los valores que inspiran sus organizaciones”.

Temores razonables

No son miedos infundados. El mismo día en que se hizo pública la declaración, el gobierno de Massachusetts anuló una decisión del Comité contra la discriminación de este estado que exigía a las confesiones religiosas adaptar sus instalaciones –como cualquier local abierto al público– a una normativa sobre transexuales. Lo que, por ejemplo, las habría obligado a permitir el acceso a los baños que cada cual considere se ajustan mejor a su identidad de género, no a su sexo biológico. La abogada general de Massachusetts, Maura Healey, aclaró que la exigencia del Comité –recurrida por cuatro congregaciones protestantes– vulneraba la Primera Enmienda, relativa a la libertad religiosa.
Pero esta libertad no es la única que sale perdiendo. Las medidas antidiscriminación de este tipo también amenazan a otras libertades básicas como la libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, de enseñanza, de empresa… A veces, la censura y las amenazas vienen de las autoridades; otras, de los ciudadanos, reforzados quizá por la impresión de que, al menos en esta polémica, las libertades se pueden suspender.
Ha habido casos muy sonados: la advertencia por parte de la Administración Obama –hoy recurrida– de retirar los fondos a los colegios públicos que no pasen por el aro de los “baños trans”; la amenaza de quitar la licencia, en algunas ciudades, a la cadena de restaurantes Chick-fil-A, tras declarar su presidente que su empresa apoyaba la familia de madre y padre; la destitución de Brendan Eich como CEO de Mozilla, por haber donado dinero de su bolsillo a una campaña a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer; las protestas contra el profesor de la Universidad de Texas Mark Regnerus, por una investigación sobre las consecuencias de crecer en un hogar homosexual…
Pero hay otros muchos ejemplos, más cotidianos: las presiones contra escuelas confesionales que se niegan a impartir programas de educación sexual que son contrarios a las convicciones de las familias; las demandas a pequeños empresarios que no quieren prestar sus servicios en bodas gais por motivos de conciencia y aunque otros estén dispuestos a hacerlo; la retirada de licencias a agencias de adopción católicas por negarse a dar niños a parejas del mismo sexo…

Un nuevo confesionalismo

Dice la declaración: “Las medidas SOGI otorgan al Estado [en el ámbito federal, estatal y local] el poder de recurrir a la fuerza de la ley para silenciar o castigar a los ciudadanos que quieren usar la libertad otorgada por Dios para vivir y trabajar en paz de acuerdo con sus convicciones. También dan un trato de favor en las leyes a ciertas categorías basadas en elecciones morales que afectan de forma profunda las relaciones humanas, mientras tratan como discriminatorias creencias religiosas y filosóficas razonables”.
Se trata, como denunció el abogado Benigno Blanco a propósito de las leyes LGTBI aprobadas en España, de un caso claro de “confesionalismo”: el Estado interviene con su poder coercitivo para privilegiar unas ideas y penalizar otras.
Entre los firmantes de la declaración hay varios rectores de universidades católicas; líderes religiosos, como los arzobispos católicos Charles Chaput y William Lori, o Russell Moore, de la Convención Baptista del Sur; así como prominentes intelectuales católicos: George Weigel, del Ethics and Public Policy Center; Robert George, profesor de derecho en la Universidad de Princeton; Patrick Reilly, de la Cardinal Newman Society; Ryan Anderson, de la Heritage Foundation… 
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