Una política con perspectiva

Por Antonio Argandoña, Ordinario Iese, Barcelona

Leí hace unos días días un breve documento del Foro Español de la Familia, titulado “Perspectiva de familia“. Me gustó su argumento: “hay muchas medidas de política familiar que pueden tomarse sin coste y que supondrían un gran avance en la consideracion social de la familia”. Bueno, es algo que hace años vengo propugnando para otros agentes: por ejemplo, para la Responsabilidad Social de las empresas. Una empresa no necesita gastar dinero para ser socialmente responsable porque, si efectivamente lo es, actuará siempre pensando en el bienestar de sus stakeholders. Insisto: no se trata de pagarles salarios más altos, ni de poner un spa en la oficina, sino de pensar siempre, en cada decisión: ¿cómo afecta esto a mis empleados? Y actuar en consecuencia.

El Foro Español de la Familia propone al gobierno “tener en cuenta la ‘perspectiva de familia’ en todas sus políticas sectoriales” lo que “consiste en analizar todas las decisiones en materia de gasto, organización administrativa, elaboración de normas, definición de tributos, propuestas de políticas, etc., desde el punto de vista de su incidencia en la calidad de la vida familiar de los afectados”. Por ejemplo (digo yo): si se planea la necesidad de obtener un certificado o un permiso, preguntarse siempre: ¿cuál es la manera menos costosa para los miembros de una familia, teniendo en cuenta, por ejemplo, los horarios de trabajo del padre y de la madre? Y así con todo.

“Esta visión –aclara al Foro– se basa en el convencimiento de que la familia es una institución de inmensa eficacia social que aporta un ámbito de estabilidad anímica y acogida personal que humaniza nuestra sociedad y aumenta la calidad de vida de los ciudadanos y además constituye una estructura espontánea y solidaria de acogimiento y cuidado personal de los más necesitados (niños, ancianos, enfermos, dependientes…) sin la cual la calidad de vida de nuestra sociedad se degradaría profundamente”. ¡Claro!

Pero quiero ir un paso más allá. Las empresas –al menos muchas de ellas– suelen formular una “declaración de misión“, en la que sintetizan, en unas pocas palabras, lo que se proponen. Papel mojado o relaciones públicas, dirá el lector. Puede que sí, pero puede ser también un formidable instrumento que guíe las decisiones de la empresa, desde las de sus grandes estrategias hasta las del humilde día a día. Pues bien, ¿no sería bueno que los gobiernos formulasen también su “misión”? O sea, un documento en que pusiesen negro sobre blanco aquello que es su objetivo para el periodo de su mandato. Claro que podría ser un objetivo inútil, como “conseguir la felicidad de todos los ciudadanos”. Pero, ¿se imaginan un documento en que el gobierno afirme unas pocas prioridades, dirigidas a los ciudadanos (no a los políticos), del tipo de “tener perspectiva de la familia”, “dar prioridad a las necesidades de los más desatendidos” o “recuperar la capacidad de crecimiento y creación de empleode la economía española”? Luego, claro, habría que concretarlo más, pero para eso tienen cuatro años y toda su actividad de promoción de leyes y de administración del país…