Cuando yo era un joven profesor de Economía, en mis clases ya aparecían con frecuencia dos temas relacionados con las políticas públicas: la distinción entre financiación yprovisión de un servicio, y la cuestión de la motivación de los políticos y funcionariospúblicos. Han pasado décadas, pero el debate sigue vivo.
Lo que motiva mi comentario de hoy es una reciente noticia en srnet (aquí), que titula “En medio de la vorágine hospitalaria, la ONU apuesta por la sanidad pública”, y en la que critica que el gobierno español apoye una resolución de la ONU pidiendo la protección de la salud universal, al tiempo que privatiza los servicios de salud en España. Como si solo la sanidad pública garantizase la salud universal.
Vamos a la primera cuestión que he apuntado más arriba. La salud puede ser universalpor su alcance y su financiación, pero su provisión no tiene que ser necesariamente pública. La ley puede mandar que todo ciudadano tenga acceso a los servicios médicos, del nivel y calidad que se establezca, pero no importa que el médico que lo atienda o el hospital al que acuda sea público o privado. Y la ley puede decidir que esos servicios se financien con cargo a los presupuestos públicos, total o parcialmente, sea público o privado el médico y el hospital. La razón para que el servicio lo proporcione una entidad privada o pública es otra: una razón de eficiencia y de coste.
Y entramos así en el tema de las motivaciones de los funcionarios y políticos. Suele afirmarse que un hospital privado reducirá la calidad del servicio para obtener beneficios. O sea, los profesionales privados carecen de la calidad ética y del profesionalismo de los servidores públicos o de los políticos. ¿De verdad creemos que esto es lo que ocurre? Parece que los propietarios privados tratarán de llevarse las rentas creadas en la producción de los servicios sanitarios, pero los funcionarios y los políticos no lo harán. ¿Seguro que no hay una apropiación de rentas por parte de los profesionales de la sanidad pública? Los de la privada no lo pueden hacer, porque hay un propietario que se lo impedirá. Los de la pública, ¿no estarán aprovechándose de que ese propietario es el que paga los impuestos, que no está en condiciones de oponerse a las pretensiones de los funcionarios y de los políticos?
La actitud del articulista que comento pesenta el conflicto como ideológico. Yo sospecho que tiene también un interés económico. No son incompatibles, claro: al final, uno acaba pensando como le conviene pensar.
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