La imposición del control de natalidad

ACEPRENSA

La difusión de la píldora y de otros anticonceptivos se presentó en su día como un medio para ampliar la libertad de los cónyuges. Pero también daba a los Estados un nuevo instrumento para controlar a la población.

Pablo VI lo advirtió en la Humanae vitae en 1968 al señalar “el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en manos de las autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales”. “¿Quién impediría a los gobernantes –se preguntaba– favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideraran necesario, el método anticonceptivo que ellos juzgaran más eficaz?” De este modo, los hombres “llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado de la intimidad conyugal”.

También aquí Pablo VI fue clarividente. Desde entonces, la libertad para tener hijos se ha visto constreñida en amplias zonas del mundo por campañas de esterilización bajo engaño, como la India o Perú, por políticas del “hijo único” y abortos forzosos, como en China, por imposiciones del control de natalidad como condición de ayudas al desarrollo por parte de organismos internacionales.

El movimiento antinatalista

El movimiento controlista estaba activo desde las primeras décadas del siglo XX, espoleado por el temor a una natalidad exuberante entre las clases sociales populares y los países pobres. En los años cincuenta las principales fuentes de dinero privado para la causa del control de la natalidad fueron las fundaciones Rockefeller y Ford, junto con algunos otros millonarios americanos. La financiación pública provenía de las agencias de ayuda al desarrollo de algunos países, sobre todo de Estados Unidos (USAID), y luego de las de Suecia y Noruega.

Estos actores unieron sus esfuerzos en 1952 para crear el Population Council y la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF), como estructuras para recaudar dinero y desarrollar programas de control de la natalidad. Como la financiación a través de USAID despertaba en los gobiernos del Tercer Mundo la sospecha de colonialismo americano, se creó una agencia que pudiera parecer neutral en el reparto de la financiación: el Fondo de la ONU para la Población (UNFPA), que funcionó de modo autónomo como longa manus del movimiento antinatalista americano, hasta que en 1993 la Asamblea General lo puso bajo su control. Siempre ha estado también muy activo en este campo el Banco Mundial, especialmente bajo la presidencia de Robert McNamara (1968-1981), con la política de condicionar los créditos a medidas en favor del control de población.

Esterilizaciones en la India y Perú

La India era el país cuyo crecimiento demográfico despertaba más inquietud en el movimiento antinatalista, que ofreció sus dólares para el control de población. Desde muy pronto, las campañas indias recurrieron a la coacción. Había premios para los pobres que se dejaran esterilizar, y castigos para los que no aceptaran, como denegarles la ayuda alimentaria. La época peor fue de junio de 1975 a marzo de 1977, durante el estado de excepción decretado por Indira Gandhi. En el primero de esos dos años, se esterilizó a más de 8 millones de personas. Se cumplió, como en otros tiempos y lugares, una ley general de estos programas antinatalistas: cuantas más esterilizaciones y más dispositivos intrauterinos (DIU) insertados, menos asepsia y más complicaciones con menos seguimiento.

Todavía en tiempos más recientes estas campañas han seguido cobrándose víctimas. En 2014 fueron noticia las esterilizaciones en cadena en el estado oriental de Chhattisgarh, realizadas en condiciones deplorables y con el resultado de catorce mujeres muertas.
También en Perú en la época del presidente Alberto Fujimori estuvo en vigor un Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000). Incluía la “anticoncepción quirúrgica voluntaria”, que tuvo como resultado la esterilización de más de 200.000 mujeres, la mayoría indígenas, y de 25.000 hombres. Tras la caída de Fujimori salieron a la luz las quejas de muchas de estas mujeres, que habían sido engañadas y que no entendieron la operación a la que iban a ser sometidas. La fiscalía denunció esta política de Fujimori, pero los tribunales desestimaron los cargos por falta de pruebas. La campaña de esterilizaciones había sido financiada por USAID y, en menor medida, por el UNPFA. La Iglesia católica combatió esta campaña.

Abortos forzosos en China

Los métodos más coercitivos se emplearon en China, donde el gobierno comunista instauró la política del “hijo único” en 1979, campaña que contó con financiación del UNFPA y asesoramiento de la IPPF. Esta política demográfica se impuso con penalizaciones, multas e incluso abortos forzosos. En 1983, el gobierno decidió que toda mujer que diera a luz un hijo debería insertarse el DIU; toda pareja con dos hijos debería ser esterilizada; y la mujer que se saltara los límites debería abortar obligatoriamente.

Las autoridades provinciales podían perder el puesto si no cumplían con los “objetivos de planificación familiar” fijados desde arriba. Pero esta política ha tenido efectos perversos, como los abortos selectivos de niñas y el consiguiente desequilibrio de sexos, la dificultad de atención a los padres ancianos, el envejecimiento de la población y ahora empieza el descenso de la población en edad de trabajar.

Aunque se autorizaron algunas excepciones, esta política estuvo vigente hasta 2013, en el que se permitió a las parejas chinas tener dos hijos, si uno de los consortes es hijo único. Pero el cambio de política no ha tenido aún el efecto deseado de estímulo a la natalidad.

Del control a los derechos reproductivos

Las quejas contra las campañas autoritarias del control de población y la afirmación de la autonomía de cada país frente a las imposiciones de organismos internacionales, provocaron un cambio de enfoque. En la Conferencia Internacional de Población de El Cairo (1994) se enterró el discurso sobre el control de población y se sustituyó por otro sobre los derechos reproductivos de la mujer. El proyecto de documento final, cocinado por el UNFPA y apoyado por la Administración Clinton, se encontró con la fuerte oposición de la Iglesia católica, que aglutinó también la de varios países latinoamericanos y musulmanes. Al final se aprobó el plan de acción por amplio consenso pero con cambios importantes que implicaban no reconocer el derecho al aborto, ni subsumir el matrimonio dentro de una pluralidad de formas de familia, y dar a las políticas demográficas un enfoque más global que el mero control de la natalidad. Pero aunque cambió el discurso, el objetivo principal siguió siendo el de reducir la población.

El segundo asalto tuvo lugar al año siguiente en la Conferencia de Pekín sobre la Mujer (1995), en la que se pretendió incluir el derecho a la salud sexual y reproductiva como una cuestión de derechos humanos. Hubo numerosas críticas ante el excesivo peso dado a la salud reproductiva en relación con otras necesidades sanitarias de primer orden, aún no cubiertas en el Tercer Mundo. El aborto siguió siendo motivo de polémica, y se recomendó a los países “considerar la posibilidad de revisar las leyes que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos ilegales”. En cambio, no se mencionó la posibilidad de revisar la política de abortos forzosos, como la vigente en el país huésped de la Conferencia.

El gobierno chino ha podido contar siempre con la cooperación del UNFPA. Este fue el motivo invocado por la Administración Trump en abril de 2017 para retirar al Fondo la financiación de unos 75 millones de dólares anuales que EE.UU. le entregaba. La razón mencionada es que el UNFPA “apoya o participa en la gestión de un programa de aborto forzoso o esterilización involuntaria en China”, prácticas que aún no han sido abandonadas.