La legitimidad del Estado del Bienestar (III)

Por Antonio Argandoña, IESE, Barcelona

Ya he explicado la lector los distintos puntos de vista sobre el Estado del bienestar, en las dos entradas anteriores con el mismo título. Ahora me gustaría sacar algunas conclusiones.

• Me parece que la mejor justificación del Estado del bienestar es como un sistema de seguro publico para la cobertura de ciertas necesidades que, por su importe, por su frecuencia o por su impacto social, pueden imponer una carga extraordinaria a los ciudadanos.
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• La cobertura de esas necesidades debe ser básica y limitada. Es muy tentador ofrecer generosas ayudas a los ciudadanos afectados, pero esto afectará a la sostenibilidad del sistema.
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• El peligro de los diversos modelos de Estado del bienestar es que se conviertan en una fuente ilimitada de derechos, por la tendencia de los beneficiarios a pedir su ampliación y la de los políticos a conceder esos derechos, con fines electorales.
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• Las políticas del Estado del bienestar deben estar basadas en principios, como el que he mencionado antes (se trata de un sistema de seguro para la cobertura de necesidades extraordinarias, con un límite). La ausencia de esos principios acabará provocando, probablemente, un aumento de derechos sociales, con importantes efectos sobre la eficiencia (incentivos a no trabajar y no producir, costes de trabajar y producir) y sobre la sostenibilidad (déficit público creciente).
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Como Hayek hizo notar en su Camino de servidumbre, esto puede acabar en algo parecido a la planificación central, sin un ministerio dedicado a ella. De todos modos, este tendencia no tiene por qué ser inevitable. Me parece que la sociedad española necesita ahora enfrentarse a este problema. Y la clave, ya lo he dicho, está en los principios, no en la casuística.