El informe es demoledor. Reconoce que los abusos sexuales en el sector han sido endémicos durante mucho tiempo. Denuncia que las autoridades de estas instituciones no han sabido afrontar el problema, y que han estado más preocupadas de proteger su reputación que de ayudar a las víctimas, mostrando una “complacencia rayana en la complicidad”. Critica la falta de transparencia para informar de los abusos. Y advierte que esta falta de respuesta ha favorecido que depredadores sexuales pasen de una institución a otra sin ser detectados.
El informe no tiene nada que ver con obispos ni con clérigos. Es un documento del International Development Committee(IDC), la comisión del parlamento británico que supervisa las actividades de las agencias de ayuda al desarrollo financiadas por el gobierno. Se refiere a esas ONG de ayuda humanitaria, que hoy día tienen para muchos la aureola de integridad y servicio desinteresado que en otros tiempos tuvieron las Iglesias.
Un trato no humanitario
Lo que ahora se califica de “secreto a voces” estalló el pasado febrero cuando The Times acusó a Oxfam de encubrir una investigación de 2011 sobre la contratación de prostitutas por parte del staff que estaba trabajando en Haití tras el terremoto de 2010. Personal que había ido a ayudar a la gente más necesitada y que abusó de su poder. La denuncia supuso un duro golpe para el prestigio de Oxfam, provocó dimisiones, entre ellas las del director ejecutivo para el Reino Unido, y supuso la pérdida de donantes. Luego surgieron acusaciones también dentro de otras ONG como Save the Children, Médecins Sans Frontières, y todo el sector de ayuda humanitaria empezó a estar bajo sospecha. Esto es lo que motivó la investigación llevada a cabo por el IDC, cuyos resultados se han publicado a finales de julio.
El informe sostiene que “el sector de ayuda humanitaria, colectivamente, ha sido consciente de la explotación sexual y del abuso perpetrados por su propio personal durante años, pero la atención que le ha prestado no ha estado a la altura de lo que requería el problema”. Es cierto que la explotación sexual y el abuso contra mujeres y niñas es endémico en muchos países donde trabajan. Pero, dice el informe, “es particularmente horrible encontrar pruebas de que el personal de ayuda humanitaria y de mantenimiento de la paz comete estos abusos en lugar de combatirlos”. La falta de información y la incapacidad de las víctimas para denunciar en esas situaciones hacen pensar al Comité que lo que ha salido a la luz es solo una mínima parte de los casos.
Pauline Latham, miembro del comité, explica que han escuchado testimonios de abusos como “violación, comida a cambio de sexo, llamar prostitutas a mujeres que en realidad están desesperadas por alimentar a sus familias, o chicas jóvenes que son objeto de trata y abuso por estos hombres”.
Fracaso colectivo
¿Cómo reaccionaron las ONG cuando se producían denuncias de este tipo? El informe califica la respuesta de “fracaso colectivo” arrastrado durante muchos años. No se han investigado a fondo las denuncias y no se han puesto en práctica políticas eficaces para impedir los abusos. Como ha ocurrido con otras instituciones, el informe señala que ha habido más preocupación por proteger la propia reputación que por las víctimas. Solo se han tomado medidas cuando se ha producido una crisis, e incluso en esos momentos la reacción ha sido superficial.
El informe denuncia también la falta de transparencia, tan necesaria para implementar una política de tolerancia cero. “Es vital que las organizaciones de ayuda informen abiertamente sobre el número de denuncias de explotación sexual y abusos que reciben y de cómo son tramitadas”.
La falta de transparencia y de medidas de precaución ha favorecido que individuos acusados de abusos hayan podido moverse de una organización a otra. El IDC se declara alarmado por “la facilidad con que individuos conocidos como depredadores y potencialmente peligrosos han sido capaces de moverse por el sector de ayuda humanitaria sin ser detectados”.
Aunque ya hubo advertencias en 2002, cuando un informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados y de Save the Children documentaron casos de abuso, no se han adoptado procedimientos eficaces para abordarlos. “La falta de directrices claras y de buenas prácticas sobre el modo de gestionar las informaciones sobre casos de explotación sexual y abusos –tanto sobre el modo de llevar a cabo la investigación como de informar de los supuestos delitos a las autoridades competentes– deja a las organizaciones mal preparadas y pone en riesgo a las víctimas”, advierte el informe.
La respuesta de las organizaciones
Ante estas denuncias de abusos sexuales en el sector de la ayuda humanitaria, existe el riesgo de olvidar muchas cosas buenas que realizan estas organizaciones. Como también es posible que la mala conducta de una minoría de cooperantes empañe la reputación de otros muchos que realizan su trabajo con competencia y sacrificio.
En cuanto a la respuesta de las organizaciones ante casos de abusos, ya sean Iglesias, ONG, la ONU, universidades, el ejército o Hollywood, es llamativo cómo se repiten los patrones: silencio, falta de transparencia, poca preocupación por las víctimas, mala gestión de las denuncias, fracaso a la hora de tomar medidas precautorias… Quizá esto nos indica que no son situaciones fáciles de gestionar ni exclusivas de un tipo de organización.
Lo que sí puede decirse es que algunas han reaccionado antes y mejor que otras. Es revelador que en 2002 estallara el escándalo de abusos sexuales de clérigos en la Iglesia católica y que también ese año se airearan los primeros escándalos en el sector de la ayuda humanitaria. No hace falta recordar las abundantes medidas y normas que se han tomado en la Iglesia desde entonces para aplicar la “tolerancia cero”. Ahora el informe del IDC anuncia una International Safeguarding Conference que tendrá lugar el próximo octubre para prevenir los abusos en el sector de la ayuda humanitaria. Tal vez pueden pedir experiencias a Roma.
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