ESTAMBUL, 19 de julio (C-FAM). Los grupos homosexuales recibieron un golpe humillante, a fines del mes pasado, de la organización regional de seguridad más grande del mundo.
La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa echó por tierra una resolución que reconocía una controvertida declaración sobre la homosexualidad en una votación que acabó en 24 a 3. Incluso países que en general reciben bien a las agrupaciones homosexuales los abandonaron.
Esta declaración no vinculante, conocida como Principios de Yogyakarta, declara derechos integrales especiales para individuos que se identifiquen como lesbianas, homosexuales, bisexuales o transgénero (LGBT). Los 29 principios fueron enunciados en 2006 por activistas, académicos y exfuncionarios no electos de organismos internacionales.
Los defensores insisten en que los principios son interpretaciones válidas del derecho internacional actual, y han pedido a las organizaciones internacionales que los respalden. Han tenido distintos grados de éxito, mayormente con funcionarios no electos. Lograr el apoyo de la OSCE hubiera sido una gran victoria para los grupos homosexuales y sus amigos internacionales, dado que los delegados en las reuniones de la OSCE suelen ser funcionarios elegidos.
Bélgica confiaba en que la resolución podría aprobarse. El Consejo de Europa, casi con los mismos países que la OSCE, reconoció algunos de los principios en una resolución de 2010. Pero la iniciativa resultó una pesadilla cuando incluso países que suelen apoyar los derechos LGBT se negaron a respaldarla. El principal opositor, y para sorpresa de muchos, fue Estados Unidos.
Solo tres de los doce proponentes originales mantuvieron su apoyo después de debatir la resolución. Cuando llegó el momento de debatirla, la atmósfera de la sala de pronto se puso tensa.
El congresista estadounidense Chris Smith, de la delegación de su país, fue el primero en hablar. Afirmó que los Principios de Yogyakarta «contradicen» los compromisos de la OSCE por la libertad religiosa y de expresión. Enumeró varios conflictos entre los principios de la declaración y los de religiones mayoritarias, así como leyes internacionales de carácter vinculante. Smith también señaló que los gobiernos nunca negociaron esos principios.
Aunque el gobierno de Obama ha declarado que los derechos LGBT son prioritarios para los EE.UU., y declaraciones públicas del presidente Barack Obama y otros funcionarios dan esa misma impresión, este último episodio podría señalar un cambio de dirección.
Los EE.UU. no fueron los únicos que denigraron los Principios de Yogyakarta.
Polonia presentó una moción para eliminar la resolución de la agenda y no debatirla siquiera. Su representante hizo una intervención de contudencia sorprendente al decir que los principios contradecían la constitución de Polonia, y que ningún organismo internacional ha definido los términos «orientación sexual» e «identidad de género».
Incluso países que otorgan nuevos derechos especiales a quienes se identifican como LGBT, como Italia, que otorga a las parejas homosexuales un estatus especial mediante las uniones civiles, la rechazaron.
Según el delegado italiano, promover de modo activo el apoyo partidista «disminuiría» la autoridad de la OSCE. Observó que resulta inapropiado incluso que la OSCE debata los méritos de los Principios de Yogyakarta. Señaló que la OSCE reconoce el derecho de todas las personas, sin importar su orientación sexual o identidad de género, a no ser discriminadas.
Afirmó que estos principios van más allá del marco normativo aceptado para los derechos humanos adoptado por los estados de la OSCE, haciéndose eco de los expertos en derecho que sostienen que los Principios de Yogyakarta no reflejan el derecho internacional con fidelidad.
Rusia y Armenia también comentaron oponiéndose a la resolución. Ningún país de la OSCE habló en favor de aprobarla, ni siquiera Bélgica.
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