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sábado, 20 de julio de 2013

El impacto de la corrupción en la imagen del país

Por Antonio Argandoña

Esto es, por lo que parece, lo que más interesa a la prensa extranjera, al menos a juzgar por la insistencia con que piden la opinión de los “expertos” españoles. ¿Cómo afectan las denuncias, rumores y silencios de los políticos a la imagen de España, a la prima de riesgo y a las inversiones extranjeras en España?

Pues mal, claro. A nadie le gusta tener inversiones en un país en que se sospecha que los políticos utilizan medios no legítimos para financiar a los partidos y/o para llenar sus bolsillos particulares, incluyendo, entre los medios, donaciones de empresas a cambio de contratos, concesiones o ventajas. Porque esto supone falta de seriedad en la política económica del país, un terreno de juego no igualado para los inversores extranjeros, y una mayor inestabilidad política. Y nada de esto resulta atractivo a eso que llamamos “los mercados”. Ni a los supervisores internacionales: Banco Central Europeo, Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional, etc. 

El problema se complica por la opacidad de la financiación de los partidos, fruto de una ley permisiva y anticuada. 

Reconozco que el problema es difícil, porque los ciudadanos españoles tienen poca devoción por sus partidos, lo que dificulta financiarlos con las cuotas de sus afiliados (algo que, por otro lado, ocurre también en todos los países) y poco interés en que se financien con cargo al presupuesto público (si no hay dinero para la sanidad, menos debe haber para los políticos, que se supone han tenido alguna culpa en el déficit), y porque las empresas tampoco desean ser reconocidas como financiadoras de los partidos, sobre todo si luego reciben contratos, concesiones y otras ventajas de sus correspondientes gobiernos. No hay manera de tener partidos “llimpios” si no hay financiación “limpia”, suficiente y transparente.

Dicho con otras palabras: mientras no arreglemos el problema de la financiación de los partidos, el problema de la corrupción política seguirá ahí. Y no parece que el problema vaya a resolverse, porque todos los partidos incurren, de un modo u otro, en opacidad, insuficiencia y poca legalidad a la hora de financiarse. La otra corrupción -el hecho de que alguien “meta mano en la caja” para su provecho personal- no es sino una consecuencia de lo anterior. Luego, los ciudadanos pedimos que se haga justicia, lo cual me parece muy bien. Pero el camino de la justicia es muy difícil donde no se cumplen las condiciones señaladas antes.

¿Afecta esto a la imagen de España en el extranjero? Por supuesto. ¿Aumenta la prima de riesgo? Parece tener un impacto, claro, aunque no es un determinante principal. ¿Reduce las inversiones extranjeras en España? Probablemente, las retrasa hasta ver en qué queda todo esto. Lo que más preocupa, fuera de nuestro país, me parece a mí, es la inestabilidad política: un gobierno paralizado por el miedo, o la expectativa de unas elecciones bajo el signo de la corrupción (no solo a nivel nacional, sino también de algunas Autonomías), que supondría un interrogante sobre la continuidad de las medidas para reducir el déficit y sobre las reformas en marcha , sobre todo en las que quedan por hacer en los próximos años. Y eso sí causaría desconcierto en los mercados y en los inversores. Quizás por ello parece que el gobierno trata de mantener la apariencia de continuidad, “business as usual”, para dar confianza a los de fuera.

El problema tiene, pues, dos velocidades. Una, a corto plazo, con la opinión pública pidiendo cabezas, los partidos en la oposición tratando de aprovechar la oportunidad y el gobierno tratando de ganar tiempo hasta que pase el chaparrón. Y otra a largo plazo, con medidas como la reforma de la ley de financiación de los partidos, que debería ir acompañada, probablemente, de la reforma de la ley electoral, dos cambios que, me parece, ningún partido mínimamente grande y con algo de historia tiene interés en poner sobre la mesa. Y que deberían ir acompañadas de dos cambios más. Uno, en la legislación sobre supervisión de los distintos gobiernos: los Tribunales de Cuentas o sus equivalentes, la contabilidad pública, las auditorías, etc. Y otro, sobre la persecución efectiva y transparente, no politizada ni sujeta a linchamientos mediáticos, de los delitos relacionados con la corrupción y la financiación de los partidos. Y, de nuevo por razones obvias, me parece que los partidos y los políticos tampoco tienen mucho interés en discutir esto.

De modo que… la sociedad civil tendrá que intervenir, porque alguien tiene que iniciar el debate, proponer soluciones y conducir el diálogo. Soluciones que tienen que ser innovadoras, imaginativas y eficaces, porque, si no lo son, los partidos no las aceptarán, y el bloqueo continuará.
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