Los economistas hemos “descubierto” las instituciones en los últimos años. Empezando por el mercado, que es una institución, y siguiendo con las instituciones que posibilitan y fundamentan una economía de mercado, como el estado de derecho, los contratos, el beneficio, la contabilidad y otras muchas. He pasado unos días en Roma, en la sede de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (ver foto), en un Seminario dedicado a estudiar los fundamentos antropológicos y éticos de las organizaciones (traducción: cómo nuestra manera de entender lo que es la persona y la sociedad condiciona el funcionamiento de nuestras organizaciones, desde las empresas y las ONGs hasta los partidos políticos o los sindicatos). Si al lector le parece que es una pérdida de tiempo, que se pare a pensar en cómo han sido las conductas de los ciudadanos, los políticos, los banqueros, los empresarios, los reguladores, los controladores y mil más los que han provocado la crisis actual.
De entre las muchas ideas que afloraron allí me quedaré solo con un comentario marginal del Profesor Martin Schlag. Algunos partidos políticos alemanes apoyaron en su día la subida de Hitler al poder, porque sus objetivos (parar los pies a los comunistas, por ejemplo) les parecieron muy buenos, aunque ya se veía venir que no iba a respetar las instituciones políticas: el estado de derecho, la libre iniciativa, la libertad de pensamiento, de cátedra y de religión, la independencia del poder judicial… Al cabo de los años tuvieron que reconocer su error. Las instituciones son importantes.
Digo esto porque esa ceguera ante las instituciones y los procedimientos continúa en nuestra sociedad. Cuando un juez suelta a un posible criminal (no ha sido condenado, pero nosotros ya lo hemos linchado en nuestra corazón y en nuestros medios de comunicación, con manifestaciones populares incluidas) porque no se han cumplido los trámites de una detención o los plazos de un encarcelamiento, alzamos la voz, sin darnos cuenta quizás de que las instituciones del estado de derecho son importantes: para el acusado, que a menudo resulta ser inocente; para nosotros, que algún día podemos encontrarnos en su situación, y para el buen funcionamiento de la sociedad.
Y, sobre todo, los políticos se saltan alegremente muchas instituciones que tienen por objeto, precisamente, proteger al ciudadano de los abusos de los que detentan el poder, desde la independencia del poder judicial o de los medios de comunicación hasta la gestión apolítica de las oficinas públicas, las universidades o los centros de investigación, o la garantía de un Tribunal Constitucional ajeno por completo a la política de partidos. Uno de los conferenciantes en el Seminario al que he aludido más arriba afirmó que un sistema judicial que permite que un juicio civil dure diez años, un sistema político que lo mantiene y una sociedad que no se rebela contra eso son injustos. Estoy de acuerdo.
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