ANTONIO ARGANDOÑA, Profesor del IESE. Cátedra La Caixa, "El Periódico", 15.06.2012
¿Más que hacer? Pero si Europa ya ha dicho que ayudará a nuestros bancos. Estamos cansados ya de tanta austeridad. ¿Por qué hay que hacer más? Pues porque estamos muy lejos todavía de haber hecho nuestros deberes. ¿Porque lo dice la Unión Europea? No, porque lo dice la realidad de la economía española. Para salir adelante no nos queda otro remedio que reconocer dónde estamos para, a partir de ese punto, empezar a diseñar el mapa de carreteras.
Hay que reducir el déficit público. De verdad. A finales del año pasado estábamos aún en cerca del 9% del PIB. En algunos aspectos hemos dado pasos adelante (y Catalunya es una comunidad avanzada en los recortes), pero en otros queda mucho por hacer. El empleo público creció en casi 400.000 personas desde el 2007 hasta finales del 2011: ahí no se ven los recortes. Y la reducción de 7.000 puestos llevada a cabo en el primer trimestre del 2012 es claramente insuficiente.
Seguimos fuertemente endeudados. Todos: familias, empresas, Gobierno, comunidades autónomas y bancos. Y no es posible recobrar la capacidad de crecimiento cuando la deuda pesa, y los pagos mensuales para devolver el nominal y liquidar los intereses se llevan una parte importante de los ingresos. Porque, además, como país seguimos necesitando que nos presten dinero, o sea, no somos capaces de cubrir nuestros gastos fuera (importaciones e intereses de la deuda) con nuestros ingresos (exportaciones de bienes y servicios). Y la deuda exterior sigue creciendo. Ahí no hemos avanzado gran cosa.
Seguimos con una competitividad débil: perdimos más del 10% desde el 2007, y no la hemos mejorado, porque nuestros costes siguen siendo altos y nuestra productividad es baja. Con una industria en profunda recesión, nuestra factura energética sigue siendo cercana al 4% del PIB. Nuestros bancos siguen en situación difícil, necesitados de un capital que llegará para tapar sus agujeros, pero que no permitirá, por sí solo, volver a los mercados a buscar financiación; por tanto, el crédito no se reanimará, al menos durante bastante tiempo. Y nos quedan por vender unas 800.000 viviendas, prácticamente las mismas que hace tres años.
Y hemos de volver a crecer, pero sin apoyarnos en el inmobiliario y la construcción residencial: esto exige flexibilidad en la producción y el mercado de trabajo. Y necesitamos la internacionalización de las pymes para empujar la exportación, que nos permitirá mantener el pobre crecimiento de estos años y, sobre todo, dinamizar nuestro tejido productivo. Y hay que hacer frente a la pérdida de población, sobre todo joven, que ya se está produciendo, y que irá a más. Y racionalizar la administración pública, y la educación, y las pensiones, y la sanidad, y las infraestructuras y reformar los impuestos, y establecer nuevas reglas de la financiación autonómica, y una pasada más a la reforma laboral… y muchas cosas más.
Pero yo no soy quién para trazar la hoja de ruta de todo esto. Solo quiero hacer una sugerencia: hay que dar entrada a los ciudadanos, las instituciones, las empresas y las organizaciones. No una gran asamblea, pero sí una serie de foros para debatir todo esto. Porque en esas reformas se reparten muchos costes presentes y futuros, algunos beneficios a corto plazo, y esperamos que también muchos más a largo.
Y esto genera problemas de justicia, que hay que enfocar adecuadamente. Para lo cual lo primero es oír a todos o, al menos, abrir la posibilidad de que todos tengan la oportunidad de decir lo que piensan. Porque hoy deberá pagar uno para que otro tire del carro (los exportadores, por ejemplo) o no se vea atropellado por él (las familias sin empleo, por ejemplo). Y alguien tendrá que adelantar un esfuerzo, para que las cosas salgan adelante (los funcionarios, por ejemplo, cuyo puesto de trabajo es más seguro), para crear las condiciones para que todos salgamos ganando después.
Buena parte de ese diálogo deben protagonizarlo los políticos. No parecen estar por la labor, pero hay que pedírselo (mejor diría, exigírselo), porque, por encima de intereses de partido o de estrategia a corto plazo, lo necesita el bienestar del país, al que, se supone, ellos sirven. Sin poner demasiado énfasis en los errores cometidos porque agua pasada no mueve molino.
Para ese diálogo hacen falta al menos dos cosas más. La primera es un diagnóstico. Ahora tenemos muchos, contradictorios, parciales y sesgados, por razones ideológicas, políticas o populares. Sin un acuerdo sobre lo que nos pasa y dónde estamos, todo lo demás es perder el tiempo. Y ese diagnóstico lo debe iniciar el Gobierno, y los expertos y las instituciones deben completarlo.
Y, en segundo lugar, un plan de acción, que corresponde de nuevo al Gobierno, pero al que debemos contribuir todos, de nuevo sin planteamientos parciales, porque la situación lo requiere.
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