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martes, 28 de mayo de 2013

¿Tiene futuro el estado del bienestar?


Por Antonio Argandoña, Universidad de Barcelona, IESEEl día 23 de mayo publiqué en El Periódico un artículo con ese tema. Mi respuesta es que, tal como lo conocemos ahora, el estado del bienestar no es sostenible. Y nunca lo será, porque está planteado sobre la base de que todos tenemos derecho a todo, público, de calidad y ya: y un derecho que la sociedad no puede pagar no es tal. Y también porque se presta a abusos, como negarse a aceptar un empleo porque esto supone tener que renunciar a la prestación por desempleo.

En el artículo ofrezco algunas ideas sobre cómo reformar el estado de bienestar sin desmontarlo. Una idea: en esa reforma hay que tener en cuenta a todos, porque el estado del bienestar está emparentado con todas las políticas sociales: educación, vivienda, pensiones, dependencia, sanidad, trabajo, fiscal… Y esto exige visión de conjunto, porque los problemas están relacionados entre sí.
Otra: la responsabilidad sobre el bienestar de que hablamos es del ciudadano, no delEstado; esto viene exigido por la dignidad de la persona. Esto significa participación en el diseño, seguimiento y evaluación de las políticas. Y no hay que dar todo lo que el beneficiario pide, porque eso no es sostenible, ni respetuoso con la dignidad de la persona, ni, por tanto, justo. Me parece que el criterio debe ser la cobertura de riesgos importantes: si necesito un trasplante, eso me lo ha de dar la sanidad pública, pero las aspirinas me las he de pagar yo. Y también los riesgos que afecten a los demás, como el contagio por falta de vacunación.
Otro criterio: todos tenemos derecho al estado del bienestar, pero no todos tenemos el mismo derecho. Habrá que establecer prioridades, no en función de preferencias políticas, sino de criterios objetivos: niños en situación de pobreza, ancianos sin recursos… Y habrá que comprobar el grado de necesidad.
Luego están las condiciones que hemos de poner a los que ofrecen el servicio. Ya he mencionado la necesidad de coordinarse con otras oficinas, para poner la prioridad en el beneficiario. Habrá que exigir eficiencia y calidad: lo importante no es lo que se gasta, sino cómo ese gasto beneficia al usuario. Y esos servicios los presta, sí, el Estado, pero también las organizaciones sociales, las familias, las escuelas, las instituciones religiosas y otras muchas. Ahora que falta financiación, ¿no convendría coordinar el trabajo de todos, para beneficio del ciudadano necesitado?

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