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lunes, 15 de febrero de 2010

OTRO CLARIVIDENTE, ANTES O DESPUÉS EN APUROS



¡EXPRÓPIESE!

El régimen de Hugo Chávez se ceba en los comercios. Más de 1.900 comercios, acusados de especulación, fueron sancionados con el cierre temporal

Decía Edmund Burke, a propósito de la Revolución Francesa, que a la hora de ejercer el poder era fácil defenderse en metafísica política, pero que la economía era otra cosa. El manejo de las cuentas públicas por parte del régimen bolivariano de Hugo Chávez ha devuelto a Venezuela a aquella condición que aludió, en el siglo XIX, el presidente Antonio Guzmán Blanco, cuando definió al país como “un cuero seco” que se pisa por un lado y se levanta por otro.

Problemas como el racionamiento en el suministro de luz y de agua, la escasez de productos básicos y la devaluación de la moneda intentan ser contrarrestados por el gobierno con una arremetida contra la propiedad privada y con una represión cada vez más dura hacia las protestas estudiantiles.

Caída de la producción

El gobierno de Venezuela inauguró este 2010 con dos noticias de gran impacto en la vida de los venezolanos: por un lado, un programa de cortes eléctricos por zonas de entre dos y cuatro horas cada dos días; y, por el otro, una pérdida del 100 por ciento del valor del bolívar frente al dólar.

La paradoja de los apagones en una potencia energética como Venezuela es atribuida por los expertos a la brecha existente entre el incremento del 54% que en los diez años de gobierno chavista ha experimentado el consumo de energía, y el escaso 21 % cuyas necesidades ha logrado satisfacer el gobierno.

La falta de inversión y el retraso en la construcción de nuevas plantas han sido señalados como las causas del anuncio que acaba de hacer Hugo Chávez declarando la emergencia eléctrica, la conformación del Estado Mayor Eléctrico y una normativa de recorte de energía según mediciones del consumo.

La caída en la producción ha sido el signo de las empresas controladas por el gobierno, como las de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Recientemente la siderúrgica Ternium, controlada por el conglomerado argentino Techint, ha manifestado además que aún no ha recibido del Estado venezolano los pagos en compensación por la acerería venezolana Sidor, una de las empresas de la CVG, que fue nacionalizada en 2008.

El deterioro de estos sectores claves se suma al de la principal industria del país, Petróleos de Venezuela (PDVSA), cuya contracción se ha reflejado en la caída de 2,9% que la economía venezolana ha registrado el año pasado. La necesidad de mantener el gasto público en 2010, año de elecciones legislativas, ha inclinado al gobierno a devaluar la moneda para multiplicar los bolívares que obtiene de cambiar sus petrodólares.

Inflación y amenazas contra el comercio


El régimen bolivariano mantiene desde 2003 un sistema de control de cambio que somete el acceso a las divisas a supuestos taxativos y con tipos estables, lo cual ha dado origen a un ingente mercado negro que ha sido señalado como escandaloso foco de corrupción, y a cuyos precios parece más ajustada la economía real del país. En 2009 Venezuela registró la inflación más alta del continente (25,1%), a pesar de la reforma monetaria que creó en 2008 el “bolívar fuerte”.

El pasado 11 de enero el gobierno aprobó nuevas tasas para las divisas, estableciendo un cambio dual de 2,6 y 4,3 bolívares por dólar, lo que supuso una devaluación de 20,9 y 100 por ciento frente a la anterior tasa única de 2,15 bolívares por divisa. Según explicaciones oficiales, el cambio de 2,6 se aplica para bienes y servicios considerados básicos, como medicinas y alimentos, mientras que la tasa de 4,3 rige para “todo lo demás”.

La devaluación provocó una estampida de consumidores que preveían un alza generalizada de los precios, pues Venezuela importa más del 50% de lo que consume. El gobierno aprovechó la circunstancia para cargar las culpas sobre los comerciantes, y más de 1.900 comercios acusados de especulación fueron sancionados con el cierre temporal por el organismo estatal de protección al consumidor, Indepabis. En su mayoría, los comercios sancionados pertenecen a los ramos de “alimentos, ropa, ferreterías, repuestos, neumáticos, ventas de electrodomésticos, joyerías y muebles”. También el 20 de enero pasado el gobierno venezolano decretó la expropiación de la cadena de hipermercados Éxito, de capital francés y colombiano, bajo la misma acusación de abusos sobre los precios.

En los últimos días, y en un despliegue histriónico de autoritarismo, Chávez se sirvió de su programa semanal “Aló, presidente” para ordenar en directo la expropiación de varios edificios ubicados en el centro de Caracas, y en los que funcionan comercios y joyerías privados. A la orden de “¡exprópiese!”, el presidente iba sentenciando la suerte de los inmuebles que rodean el palacio legislativo, con el pretexto de transformar este espacio capitalino en “un gran centro histórico”.

Televisiones por cable retiradas

En la misma línea de expropiaciones y cierres, el régimen chavista retiró en días pasados de la televisión por cable a cinco canales internacionales, entre ellos RCTV, por no transmitir el discurso del presidente durante la celebración de los 52 años de la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

Con esta medida, la censura hace blanco por segunda vez en la televisora, luego de que en mayo de 2007 decidiera no renovarle la licencia que le permitía utilizar el espectro radioeléctrico y salir en señal abierta. El embajador alterno de Canadá ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Pierre Giroux, provocó en este organismo la respuesta airada de los países del Alba, aliados del régimen bolivariano, al “urgir al gobierno de Venezuela a adoptar medidas para restaurar sin retraso las transmisiones de RCTV”. Junto a esto, Canadá solicitó de Venezuela autorización para una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión, algo que Caracas no admite.

Por otra parte, la acción policial contra las manifestaciones que han acompañado el cierre de la cadena ha dejado varios estudiantes heridos. La oposición venezolana teme que sea precisamente la represión del movimiento estudiantil el verdadero objeto que ha llevado a Venezuela a Ramiro Valdez, ministro de Informática y Telecomunicaciones cubano además de vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros.

Según anuncio oficial venezolano, Valdez está al frente de una comisión técnica dispuesta por el gobierno castrista para asesorar a Venezuela en el problema de la crisis energética, aunque son mejor conocidas sus competencias en el control que mantiene el gobierno de Cuba sobre las comunicaciones en la isla (especialmente sobre internet). Medios como Twitter han venido convirtiéndose, en los últimos tiempos, en instrumentos predilectos para la organización de protestas por parte de la oposición venezolana.
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