La Asociación Nacional para la Defensa del Derecho a la Objeción de Conciencia (ANDOC) ha remitido una nota de prensa con motivo de las conclusiones de la Subcomisión para la reforma de la ley del aborto. Según la ANDOC, estas conclusiones responden únicamente a motivos ideológicos, contradicen el ordenamiento constitucional, y carecen de justificación ética, médica, y social.
Problemas de inconstitucionalidad
La respuesta de la Asociación señala que mientras en la actualidad el aborto es un delito despenalizado en tres supuestos, y los facultativos que no lo realizan actúan estrictamente en el terreno de la legalidad y de las normas deontológicas, la reforma legal propuesta pasaría a convertirlo en un derecho limitado exclusivamente por unos plazos; y, como acto médico exigible, dejaría al objetor en una situación de excepción.
De acuerdo a esta perspectiva, la futura ley –que incluyendo el aborto dentro de los denominados “derechos reproductivos” se apartaría de las grandes declaraciones internacionales de derechos aceptadas por todos los países– contraría especialmente los preceptos constitucionales que establecen, por un lado, que la vida humana es un proceso continuo que comienza con la gestación y que termina en la muerte; y, por otra parte, que “la objeción de conciencia es, en este caso, un derecho constitucional que no precisa para su ejercicio de una regulación específica”.
En cuanto a la dimensión social del problema del que se ocupa la ley propuesta, el texto de ANDOC responsabiliza a la Subcomisión de haber hurtado el debate a los ciudadanos operando de un modo precipitado y opaco.
La conciencia del médico, violentada
Además de lo anterior, señala la nota de ANDOC que la reforma prevista entra en conflicto con lo dispuesto en el artículo 4 del Código de Ética Médica, que impone a los médicos como deber primordial el cuidado de la vida humana. Por otra parte, se dice, los presupuestos en que se fundamenta la Subcomisión para regular la objeción de conciencia médica no se corresponden con la realidad, puesto que “no existe una objeción de conciencia institucional, sino una mayoría de médicos y personal auxiliar que individualmente, por motivos legales (apoyados en sentencias), científicos y éticos, se niegan a participar en un aborto”.
Tampoco, dice la Asociación, queda claro a qué comunidades autónomas se refiere la propuesta, pues señala la nota que “la mayoría de ellas lleva apoyando el aborto desde hace años, negando iniciativas promovidas para ayudar a las mujeres embarazadas, y facilitando la labor –a través de entidades oficiales o cuasi oficiales– a las clínicas abortistas”.
El planteamiento fundamental de la respuesta de ANDOC es que “los términos de la propuesta parecen no tener otra finalidad que la de hacer ‘entrar por el aro’ a los médicos objetores, abocándoles al dilema de plegarse a una ideología o de cargar con las consecuencias laborales o profesionales correspondientes. Algo que en la situación actual de los médicos españoles no ofrece demasiada escapatoria, toda vez que la mayoría son empleados de la sanidad pública”.
A propósito de esto, el remitido expresa su temor de que para asegurar un “buen servicio” el Gobierno instaure una especie de “cuerpo” ad hoc de facultativos, recurriendo, incluso, con una oferta salarial competitiva, a la “experiencia” de quienes trabajan en las clínicas abortistas privadas.
No obstante, el comunicado de ANDOC espera que, ante estas circunstancias, los profesionales de la Sanidad se reafirmen en su vocación de servicio a la vida, especialmente la de los más débiles y necesitados, y defiendan con hechos la propia dignidad profesional.
ANDOC nació en Granada en 2001 para defender la objeción de conciencia de los farmacéuticos a quienes la Junta de Andalucía quería obligar a vender la píldora del día siguiente. Tiene como misión fundamental defender la objeción de conciencia del personal sanitario, y también en campos como la educación, la pena de muerte, etc.
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