Dudas sobre la condena al cardenal Pell

Aceprensa, 28 febrero 2019

La condena por abuso de menores del Card. George Pell, que fue arzobispo de Melbourne y de Sydney, y miembro del consejo de cardenales que asesora al Papa Francisco, ha sido recibida por muchos en Australia como una prueba de que nadie, por importante que sea, está por encima de la ley. Pero otros dudan que haya sido juzgado de modo imparcial.

Había dos procesos por abusos contra el Card. Pell. Uno concluyó en diciembre último con veredicto de culpabilidad, y no se podía informar sobre él hasta que se celebrara el otro juicio, previsto para marzo. Pero el segundo no tendrá lugar, porque la semana pasada el tribunal dictaminó que las pruebas eran débiles, y el 26 de febrero la fiscalía desistió de acusar. Por eso se ha levantado el secreto y ahora se ha podido publicar comentarios y divulgar datos del primer proceso, aunque muchos ya se conocían pese a la orden judicial.

El juez ha fijado fecha para dictar condena, que será de varios años de prisión. Mientras tanto, ha suspendido la libertad bajo fianza del cardenal, que ha sido recluido. Por otro lado, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha anunciado que abrirá una investigación sobre el caso.

Un solo testimonio

Algunos comentarios publicados en estos días se fijan en las pruebas de culpabilidad, que se han basado en la declaración de un solo testigo presencial, el querellante mismo. Para apreciarlos, conviene recordar los hechos alegados, recogidos con más detalle en otro artículo (Aceprensa, 20-12-2018).

El denunciante, cuya identidad está prohibido revelar, en 1996 tenía 13 años y era miembro del coro de la catedral de Melbourne. Según su versión, poco antes de la Navidad de aquel año, al término de la misa dominical solemne oficiada por el Card. Pell, se deslizó con otro compañero a la sacristía, donde bebieron furtivamente vino para la Eucaristía. Entró Pell, solo y con las vestiduras litúrgicas aún puestas, les riñó y cometió exhibicionismo ante los dos y una felación con el querellante. Las puertas de la sacristía estaban abiertas y pasaba gente por el corredor contiguo.

En torno a un mes más tarde, añade el acusador, en el pasillo próximo a la sacristía, Pell iba en la procesión de salida tras la misa. Vio al chico, lo puso contra la pared y le tocó los genitales.

En 2016 se supo, por una filtración, que la policía del estado de Victoria investigaba denuncias contra Pell por abusos de menores. Una de ellas era la que ha llevado a condenarle, presentada por uno solo de los supuestamente abusados en la sacristía; el otro, fallecido en 2014, había dicho que no fue objeto de abusos. Las demás acusaciones no fueron admitidas por los jueces, aparte de la abandonada esta semana.

El juicio contra Pell comenzó en marzo de 2018. El jurado consideró inocente a Pell por 10 votos contra 2, pero hacía falta un veredicto unánime o con un solo miembro discrepante, por lo que se anuló el juicio y hubo que repetirlo. En diciembre pasado, un nuevo jurado declaró culpable a Pell.

Incoherencias

Frank Brennan, sacerdote jesuita y abogado especialista en derechos humanos, asistió al segundo juicio. Advierte que ni él ni nadie del público puede valorar cabalmente el testimonio del querellante, ya que –por ley, para proteger a las víctimas de abusos– tuvo lugar a puerta cerrada y solo se conocen las citas o referencias empleadas por el fiscal o la defensa. Pero en la vista salieron a la luz contradicciones e incoherencias del relato.

Una duda es cómo pudo haber felación en tan breve tiempo si Pell estaba revestido de ornamentos litúrgicos. El querellante dijo primero que el cardenal se había abierto el alba, pero el alba carece de abertura; luego dijo que se la había corrido hacia un lado, pero la acusación no mostró cómo podría hacerse eso.

También fue cuestionada por la defensa la verosimilitud de una violación en ocasión y lugar donde el cardenal podía ser fácilmente sorprendido, pues había otras personas cerca y las puertas estaban abiertas. Por otra parte, Pell llegaba, como es normal en un obispo, acompañado a su lugar reservado en la sacristía y se quitaba las vestiduras con ayuda de un asistente; parece improbable que aquel día se apartara de la procesión y nadie lo advirtiera ni lo recordara. Ni se han encontrado testigos que corroboren el segundo abuso, aunque había más personas.

Por todo ello, y como no se publica el razonamiento del jurado, Brennan quedó sorprendido por el veredicto. “Mi conclusión –dice– es que el jurado debe de haber desestimado muchas de las críticas tan contundentes de [Robert] Richter [el abogado defensor] a la declaración del querellante y que, pese la confusión de este sobre distintas cosas, el jurado debe de haber pensado –en consonancia con lo tratado en la reciente comisión real [sobre abusos]– que los menores que sufren abusos sexuales no siempre recuerdan detalles de tiempo, lugar, vestido o postura. (…) El jurado debe de haber considerado al querellante sincero y fiable aunque muchos de los detalles que dio fueran improbables, si no imposibles”.

La prueba de la credibilidad

A Brennan y otros comentaristas les suscita dudas esta forma de llegar a un veredicto de culpabilidad cuando, como en este caso, no hay más víctimas que apoyen la acusación con sus testimonios. Si las inconsistencias del que alega haber sido objeto de abusos no son tomadas como motivo para cuestionar su versión, sino más bien como síntoma del trauma sufrido, el peso de la prueba pasa de la existencia de confirmación independiente de los hechos a la credibilidad del acusador.

Es lo que señala el periodista John Ferguson: “El problema de Pell no es que los argumentos de la acusación fueran necesariamente sólidos sobre el papel; su problema es que su acusador fue considerado creíble por el jurado”. De ahí, anota, que el fiscal centrara su alegato final en ese testimonio, en el que él también cree, “suplicando al jurado que aceptara la palabra del acusador”.

Ferguson se refiere a otro punto oscuro del caso: la actuación de la policía. “El equipo de Pell y otros muchos están convencidos de que el cardenal es víctima de una grave injusticia, desde el momento en que la policía, en 2013, emprendió la Operation Tethering para investigarle, aunque no había ninguna acusación contra él. Esto es muy inquietante. La policía fue a por Pell y acabó consiguiendo un denunciante”.

También Michael Cook, director de MercatorNet, considera sospechoso el celo mostrado por la policía en este caso. Recuerda que en 2016 envió agentes a interrogar a Pell en Roma, cuando aún vivía allí, y lo filtró todo.

Prensa y policía

Greg Craven, abogado y vicecanciller de la Universidad Católica de Australia, señala, junto con la policía, a los medios de comunicación. La Justicia, dice, no solo depende de los jueces, fiscales, abogados y jurados responsables de llegar a un veredicto justo; todo ese sistema funciona bien en Australia. Además, está un “segundo círculo, implicado no en conseguir un veredicto, sino en asegurar que se dan las condiciones necesarias para alcanzarlo”. A este ámbito corresponden las reglas sobre la investigación imparcial de los casos, la prohibición de publicar el nombre de un sospechoso antes de que sea formalmente acusado, el secreto del sumario, etc.

El cumplimiento de esas reglas, dice Craven, corresponde principalmente a los medios y a la policía. “Los medios deben informar con imparcialidad, atenerse a la letra y al espíritu de la ley, y no jalear a ninguna de las dos partes. La policía presenta los indicios de modo imparcial, buscando justicia, no condena”. En esto es donde, a su juicio, ha habido fallos tremendos en el caso Pell.

“Algunos medios –sobre todo la ABC y periodistas que trabajaban para el grupo Fairfax– han pasado años intentando asegurar que Pell sea el personaje más odiado de Australia. (…) Peor aún, agentes de la Policía de Victoria, incluido el comisario jefe Graham Ashton, cooperaron en esto. Los repetidos anuncios de inminentes acusaciones, por parte de Ashton, y sus referencias a ‘víctimas’ en vez de ‘supuestas víctimas’, solo fueron superados por las coincidencias en el tiempo entre comunicados de la policía y exclusivas de medios favorecidos”. Se ha dado un “esfuerzo conjunto de muchos medios, incluida la radiotelevisión pública, y agentes de la Policía de Victoria para denigrar a una persona antes de que fuera a juicio”.

Concluye Cook: “Hay que respetar el sistema legal. Si Su Eminencia el Cardenal George Pell ha cometido delitos, especialmente abusos sexuales, no merece menos castigo que cualquier otro criminal. Pero hay razones de sobra para creer que no ha recibido un juicio justo”. O, como lamenta Ferguson, “el público nunca podrá estar totalmente seguro de que el juicio del siglo ha concluido con el veredicto correcto”.