El Congreso de Oklahoma aprobó una ley que convierte el aborto en un delito para los médicos, que pueden ser condenados a hasta tres años de cárcel por practicarlos.
La polémica norma pasa ahora a la oficina de la gobernadora de Oklahoma, la republicana Mary Fallin, que tiene cinco días para ratificarla o desecharla.
Las intenciones de Fallin son una incógnita, ya que la gobernadora no se pronuncia aún sobre esta ley, que no tiene precedentes en el país y que sus opositores consideran inconstitucional.
La norma fue aprobada hace un mes en la Cámara de Representantes de Oklahoma por 59 votos a favor y nueve en contra, y hoy pasó el trámite del Senado estatal con un holgado 32 a 12.
Pese a ese margen, algunos legisladores republicanos se alinearon con los demócratas en contra de una norma que, de entrar finalmente en vigor, hace de la práctica del aborto un delito con penas de entre uno y tres años de cárcel para quienes lo practiquen.
Además, también contempla revocar las licencias a todos los médicos que participen en este tipo de procedimientos.
Aunque algunos de los estados más conservadores del país aprobaron normas que dificultan el acceso de las mujeres al aborto, Oklahoma es el primero que plantea medidas penales contra los médicos.
Año tras año, los políticos en Oklahoma se marcan la meta de restringir el acceso de las mujeres a los servicios de salud, sin embargo, esta prohibición total del aborto marca un nuevo límite", dijo en un comunicado la ONG internacional Centro de Derechos Reproductivos.
También instó a la gobernadora a rechazar la norma o, en caso contrario, amenazó con recursos legales.
La Asociación Médica de Oklahoma, por su parte, consideró "preocupante" el contenido de la ley aprobada hoy y se mostró en contra de todo tipo de legislación redactada "para intimidar a los médicos o invalidar su criterio".
El Tribunal Supremo abrió en 1973 las puertas a la práctica del aborto en el país con un histórico fallo en el que concluyó que una mujer, junto con un equipo médico, puede optar por abortar en los primeros meses de embarazo sin cortapisas legales.
Sin embargo, en los últimos años numerosos estados gobernados por los republicanos han promulgado restricciones al aborto alegando proteger los derechos religiosos de quienes proveen los seguros médicos, lo que ha obstaculizado el acceso a las prácticas abortivas en gran parte del territorio estadounidense.
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