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La difusión de la píldora y de otros anticonceptivos se presentó
en su día como un medio para ampliar la libertad de los cónyuges. Pero
también daba a los Estados un nuevo instrumento para controlar a la
población.
Pablo VI lo advirtió en la
Humanae vitae en 1968
al señalar “el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en
manos de las autoridades públicas despreocupadas de las exigencias
morales”. “¿Quién impediría a los gobernantes –se preguntaba– favorecer y
hasta imponer a sus pueblos, si lo consideraran necesario, el método
anticonceptivo que ellos juzgaran más eficaz?” De este modo, los hombres
“llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades
públicas el sector más personal y más reservado de la intimidad
conyugal”.
También aquí Pablo VI fue clarividente. Desde entonces, la libertad
para tener hijos se ha visto constreñida en amplias zonas del mundo por
campañas de esterilización bajo engaño, como la India o Perú, por
políticas del “hijo único” y abortos forzosos, como en China, por
imposiciones del control de natalidad como condición de ayudas al
desarrollo por parte de organismos internacionales.
El movimiento antinatalista
El movimiento controlista estaba activo desde las primeras décadas
del siglo XX, espoleado por el temor a una natalidad exuberante entre
las clases sociales populares y los países pobres. En los años cincuenta
las principales fuentes de dinero privado para la causa del control de
la natalidad fueron las fundaciones Rockefeller y Ford, junto con
algunos otros millonarios americanos. La financiación pública provenía
de las agencias de ayuda al desarrollo de algunos países, sobre todo de
Estados Unidos (USAID), y luego de las de Suecia y Noruega.
Estos actores unieron sus esfuerzos en 1952 para crear el Population
Council y la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF),
como estructuras para recaudar dinero y desarrollar programas de control
de la natalidad. Como la financiación a través de USAID despertaba en
los gobiernos del Tercer Mundo la sospecha de colonialismo americano, se
creó una agencia que pudiera parecer neutral en el reparto de la
financiación: el Fondo de la ONU para la Población (UNFPA), que funcionó
de modo autónomo como
longa manus del movimiento antinatalista
americano, hasta que en 1993 la Asamblea General lo puso bajo su
control. Siempre ha estado también muy activo en este campo el Banco
Mundial, especialmente bajo la presidencia de Robert McNamara
(1968-1981), con la política de condicionar los créditos a medidas en
favor del control de población.
Esterilizaciones en la India y Perú
La India era el país cuyo crecimiento demográfico despertaba más
inquietud en el movimiento antinatalista, que ofreció sus dólares para
el control de población. Desde muy pronto, las campañas indias
recurrieron a la coacción. Había premios para los pobres que se dejaran
esterilizar, y castigos para los que no aceptaran, como denegarles la
ayuda alimentaria. La época peor fue de junio de 1975 a marzo de 1977,
durante el estado de excepción decretado por Indira Gandhi. En el
primero de esos dos años, se esterilizó a más de 8 millones de personas.
Se cumplió, como en otros tiempos y lugares, una ley general de estos
programas antinatalistas: cuantas más esterilizaciones y más
dispositivos intrauterinos (DIU) insertados, menos asepsia y más
complicaciones con menos seguimiento.
Todavía en tiempos más recientes estas campañas han seguido
cobrándose víctimas. En 2014 fueron noticia las esterilizaciones en
cadena en el estado oriental de
Chhattisgarh, realizadas en condiciones deplorables y con el resultado de catorce mujeres muertas.
También en Perú en la época del presidente Alberto Fujimori estuvo en
vigor un Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar
(1996-2000). Incluía la “anticoncepción quirúrgica voluntaria”, que tuvo
como resultado la esterilización de más de 200.000 mujeres, la mayoría
indígenas, y de 25.000 hombres. Tras la caída de Fujimori salieron a la
luz las quejas de muchas de estas mujeres, que habían sido engañadas y
que no entendieron la operación a la que iban a ser sometidas. La
fiscalía denunció esta política de Fujimori, pero los tribunales
desestimaron los cargos por falta de pruebas. La campaña de
esterilizaciones había sido financiada por USAID y, en menor medida, por
el UNPFA. La Iglesia católica combatió esta campaña.
Abortos forzosos en China
Los métodos más coercitivos se emplearon en China, donde el gobierno
comunista instauró la política del “hijo único” en 1979, campaña que
contó con financiación del UNFPA y asesoramiento de la IPPF. Esta
política demográfica se impuso con penalizaciones, multas e incluso
abortos forzosos. En 1983, el gobierno decidió que toda mujer que diera a
luz un hijo debería insertarse el DIU; toda pareja con dos hijos
debería ser esterilizada; y la mujer que se saltara los límites debería
abortar obligatoriamente.
Las autoridades provinciales podían perder el puesto si no cumplían
con los “objetivos de planificación familiar” fijados desde arriba. Pero
esta política ha tenido efectos perversos, como los abortos selectivos
de niñas y el consiguiente desequilibrio de sexos, la dificultad de
atención a los padres ancianos, el envejecimiento de la población y
ahora empieza el descenso de la población en edad de trabajar.
Aunque se autorizaron algunas excepciones, esta política estuvo vigente hasta 2013, en el que
se permitió a las parejas chinas tener dos hijos, si uno de los consortes es hijo único. Pero el cambio de política
no ha tenido aún el efecto deseado de estímulo a la natalidad.
Del control a los derechos reproductivos
Las quejas contra las campañas autoritarias del control de población y
la afirmación de la autonomía de cada país frente a las imposiciones de
organismos internacionales, provocaron un cambio de enfoque. En la
Conferencia Internacional de Población de El Cairo
(1994) se enterró el discurso sobre el control de población y se
sustituyó por otro sobre los derechos reproductivos de la mujer. El
proyecto de documento final, cocinado por el UNFPA y apoyado por la
Administración Clinton, se encontró con la fuerte oposición de la
Iglesia católica, que aglutinó también la de varios países
latinoamericanos y musulmanes. Al final se aprobó el plan de acción por
amplio consenso pero con cambios importantes que implicaban no reconocer
el derecho al aborto, ni subsumir el matrimonio dentro de una
pluralidad de formas de familia, y dar a las políticas demográficas un
enfoque más global que el mero control de la natalidad. Pero aunque
cambió el discurso, el objetivo principal siguió siendo el de reducir la
población.
El segundo asalto tuvo lugar al año siguiente en la
Conferencia de Pekín sobre la Mujer
(1995), en la que se pretendió incluir el derecho a la salud sexual y
reproductiva como una cuestión de derechos humanos. Hubo numerosas
críticas ante el excesivo peso dado a la salud reproductiva en relación
con otras necesidades sanitarias de primer orden, aún no cubiertas en el
Tercer Mundo. El aborto siguió siendo motivo de polémica, y se
recomendó a los países “considerar la posibilidad de revisar las leyes
que prevén medidas punitivas contra las mujeres que han tenido abortos
ilegales”. En cambio, no se mencionó la posibilidad de revisar la
política de abortos forzosos, como la vigente en el país huésped de la
Conferencia.
El gobierno chino ha podido contar siempre con la cooperación del
UNFPA. Este fue el motivo invocado por la Administración Trump en abril
de 2017 para
retirar al Fondo la financiación
de unos 75 millones de dólares anuales que EE.UU. le entregaba. La
razón mencionada es que el UNFPA “apoya o participa en la gestión de un
programa de aborto forzoso o esterilización involuntaria en China”,
prácticas que aún no han sido abandonadas.
